Costa Rica se caracteriza por haber realizado un importante avance en la cobertura y provisión de agua potable, con acceso de un 93% de la población beneficiada por sistemas de acueductos con conexión intradomiciliaria de agua potable[1]. Sin embargo, este avance no se asemeja a lo avanzado en materia de alcantarillados sanitarios, en lo cual existe un gran rezago por la ausencia de sistemas de saneamiento de aguas residuales para la mayor parte de la población, con el agravante de que gran parte de las aguas residuales son vertidas a los ríos y mares con deficiente o ningún tratamiento.[2]
La Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales reconoce que en el país un 76,6% de los sistemas de disposición de aguas residuales en los hogares se basa en el tanque séptico, pero reconoce que este sistema no es una garantía para evitar “afectaciones al ambiente o a la salud, debido a la ausencia de control en la construcción, operación y mantenimiento de estos sistemas”. Además, “las bajas coberturas de alcantarillado sanitario y el poco tratamiento de las aguas residuales, representan un peligro para la sostenibilidad de los recursos hídricos y la conservación de los muchos cuerpos de agua” [3]. El sistema de alcantarillados cubre un 21,9% de los hogares, pero si se considera el alcantarillado sin tratamiento sanitario (7,9%), sólo el 14% de los hogares tienen un sistema de alcantarillado sanitario gestionado en forma segura para el ambiente y la salud[4].
En este contexto, el problema del sistema de alcantarillado sanitario se agrava por aspectos prevalecientes desde hace varios años atrás[5]:
- Tanques sépticos mal diseñados o muy antiguos con drenajes inadecuados.
- Conexiones ilícitas a la escasa red de alcantarillado sanitario.
- Construcción de urbanizaciones en terrenos con pobre capacidad de filtración.
- Conexiones ilícitas de aguas pluviales y alcantarillado sanitario.
- Disposiciones ilegales a ríos y quebradas.
- Falta de fiscalización por parte de las municipalidades en las construcciones.
A esto se une que no existen límites legales y normativos claros en los roles institucionales de regulación, dirección y política, pese a que en la práctica, sí se pueden identificar los roles desarrollados por las instituciones del área[6].
El país ha hecho ingentes esfuerzos por incrementar la inversión en acueductos y alcantarillados. Por ejemplo, la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales señala que la inversión en sistemas de acueductos aumentó un 87% durante el periodo 2011-2015, periodo que se usó de referencia para su diseño. Mientras tanto, la inversión en alcantarillados creció un 71%. Sin embargo, cuando se analiza en términos per cápita, la inversión en alcantarillados sanitarios sigue siendo deficiente y se suma al rezago histórico que ya venía presentando. El promedio de la inversión en acueductos entre el 2011-2015 fue de ₡12.641 al año por habitante, mientras que la inversión promedio en alcantarillados fue de ₡4.168 al año por habitante, lo que representa un 67% menos. Estas cifras señalan que ”la mayor porción de las inversiones se siguen dirigiendo al servicio de agua, lo que ya permite prever el gran esfuerzo financiero que el país deberá realizar en los próximos años para cambiar la situación actual en el manejo de las aguas residuales” [7].
Los acueductos son procesos de captación con un sistema de tratamiento de agua para el consumo humano. Los alcantarillados sanitarios reciben las aguas servidas o residuales y cuentan con un sistema de tratamiento y desinfección para reducir las cargas contaminantes vertidas especialmente por hogares, pero también por la industria y las actividades agrícolas, que no tienen controles para reducir sus vertidos contaminantes antes de sus vertidos en los cuerpos de agua.
Si bien los proyectos de acueductos y los de alcantarillados sanitarios tienen diferente naturaleza, en esta guía se ofrecen métodos de valoración económica que tratan de identificar cuáles métodos aplican para ambos tipos de proyectos, y cuáles son más específicos a la naturaleza de cada uno. Por ejemplo, ambos proyectos tienen procesos constructivos para las excavaciones y la instalación de tuberías de transporte, sistemas de conexión con los hogares y plantas de tratamientos. Si bien todos estos componentes son muy diferentes en escala y características técnicas, generan efectos ambientales y socioeconómicos que en algunos casos se pueden valorar con métodos similares.
[1] AyA (2020). Agua para uso y consumo humano y saneamiento en Costa Rica al 2019. San José: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
[2] AyA, MINAE y MS (2016). Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016 – 2045 (Primera edición). San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud.
[3] AyA, MINAE y MS (2016). Página 15.
[4] AyA (2020).
[5] Solano, María (2011) Impacto ambiental por aguas residuales y residuos sólidos en la calidad del agua de la parte media-alta de la microcuenca del Río Damas y propuesta de manejo. Proyecto de graduación para optar por el grado de licenciatura en manejo de recursos hídricos. Costa Rica: Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad de Costa Rica.
[6] AyA, MINAE y MS (2016). Página 55.
[7] AyA, MINAE y MS (2016). Página 33.
[8] MIDEPLAN (2010). Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. San José: Ministerio de Planificación y Política Económica.
[9] MIDEPLAN (2012). Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario en Costa Rica. San José: Ministerio de Planificación y Política Económica