Costa Rica ha anunciado que participará en la iniciativa internacional 30×30, que implica promover un acuerdo global con el objetivo de proteger al menos el 30% de los océanos del mundo para el año 2030[1]. La meta global de la Iniciativa 30×30 es detener la pérdida acelerada de especies y proteger ecosistemas vitales. En el caso del país, muchas especies de interés comercial están bajo una fuerte presión de pesca y muchos de los ecosistemas marino-costeros no están siendo explotados de manera sostenible, por lo cual se busca fortalecer el régimen de zonas protegidas del país e integrarlos con otras de las zonas que serán destinadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país cubre una superficie de más de 530.903,6 km2, y la propuesta del país plantea ampliar las Áreas Marinas Protegidas al 30% de la ZEE[2].
El planteamiento de ampliar la consolidación al 30% de la ZEE implica la interacción de diversas instituciones públicas, que de una u otra manera están envueltas en el manejo de las actividades de gestión, protección, conservación, control y vigilancia de la zona marítima. Las instituciones involucradas incluyen al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por medio del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que tiene funciones propias de ministerio del ramo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
Los actuales planes de manejo de las Áreas Marinas de Protección (AMP) han servido como base para entender preliminarmente las implicaciones financieras, y su proyección hasta el año 2030, en el marco de la Iniciativa 30×30, pero plantea la necesidad que las AMP inicien un proceso para la actualización y la revisión de sus planes de manejo, no sólo para alinearlos a la iniciativa, sino que también para estimar con mayor precisión las necesidades financieras asociadas a la consolidación de las AMP que se busca.
La revisión y actualización de los planes de manejo de las AMP también se requiere porque los costos de algunos de los planes de manejo hacen su implementación inviable. El marcado incremento que debe darse en el financiamiento público destinado para las AMP del SINAC, hace que ese financiamiento sea prácticamente inviable de parte del presupuesto estatal y los otros ingresos de SINAC.
Tanto Conservación Internacional (CI), la Fundación Costa Rica por Siempre y otras organizaciones no gubernamentales como la Fundación Amigos de Isla del Coco (FAICO) vienen apoyando al MINAE a determinar las implicaciones financieras que el país deberá enfrentar ante la iniciativa internacional 30×30.
[1] Green Peace (2019). 30X30: Guía para la Protección de los Océanos. Reino Unido: Universidad de York para Greenpeace
[2]El 17 de diciembre del 2022, se firmó el decreto 43368-MINAE, con los que el país hace una confirmación de este proceso