Costa Rica siempre ha sido destacado por su modelo de desarrollo y bienestar, enfatizando, entre otras, a la política de educación pública. Esta política pública se asienta especialmente en los niveles de gasto e inversión que ha mantenido en su sistema educativo, y que elevó a mandato constitucional para que fuera un gasto público en educación estatal[1] anual no menor al 8% del producto interno bruto (PIB)[2]. De acuerdo a la evaluación que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante el proceso de adhesión del país a esa organización, con el 8% del PIB dedicado a la educación[3], Costa Rica dedica más de lo que gasta en educación cualquier país latinoamericano y de la OCDE[4].
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP 2019-2022) destaca que el país siempre ha mostrado altos niveles de escolaridad. Por ejemplo, la cobertura de la educación primaria supera el 90%, ubicándose en el 2016 en el 93%[5]. Sin embargo, los retos del país para aumentar la calidad de la educación, lograr la universalización de la educación primaria, o alcanzar mayor cobertura de la educación secundaria, la que se encuentra ligeramente por debajo del 80% y con un alto nivel de deserción[6], implican grandes esfuerzos que tienen como uno de los soportes a la inversión pública en educación.
El Informe del Estado de la Educación 2021 ha señalado que existe un déficit crónico en materia de infraestructura educativa, que limita las posibilidades de contar con ambientes de aprendizaje adecuados. Este déficit crónico no sólo se refiere a las carencias en servicios e infraestructura física, sino que la pandemia del COVID-19 evidenció problemas asociados a la disponibilidad de agua potable, deficiencias en materia de conectividad a internet, y hasta centros educativos con graves problemas de infraestructura para su funcionamiento, que originaron que contaran con órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud. A esta falta de infraestructura se suma la poca disponibilidad de bibliotecas escolares, ya que de un total de 3.723 de centros educativos públicos en primaria, sólo el 16% cuentan con servicio de biblioteca, concentrados en Heredia, Cartago, San José y Alajuela. Estos déficits históricos de infraestructura y mantenimiento en la educación, se ha intentado corregir mediante acciones orientadas a aumentar la inversión, sin embargo, “el agravamiento de la crisis fiscal y el bajo crecimiento económico que el país ha experimentado durante la última década ha venido reduciendo la capacidad del Estado para sostener y aumentar la inversión en educación”. Además, persisten dificultades de ejecución de los proyectos[7].
Para mitigar los problemas de ejecución de los proyectos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) creó la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que en el PNDIP 2019-2022, incluyó una cartera de su fideicomiso por $167,5 millones, para impulsar 130 proyectos en zonas con bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) e incluyó la construcción de 79 centros educativos de primaria y secundaria y 24 gimnasios deportivos[8]. Las inversiones totales de la cartera de inversiones del PNDIP 2019-2022 suman 635.267 millones de colones, en el programa de infraestructura educativa para atender necesidades de infraestructura nueva, remodelaciones, ampliaciones y mantenimiento de los centros educativos públicos[9].
Sin embargo, los datos de la OCDE ratifican que aún Costa Rica tiene un gran reto en aumentar la inversión en infraestructura pública en educación, ya que su inversión per cápita es uno de los montos más bajos entre los países miembros de la OCDE, de los que forma parte. En 2018 el país invirtió $3.980 (dólares estadounidenses) per cápita en la educación preescolar, primaria y secundaria, mientras que los países de la OCDE en promedio invirtieron $9.084, por lo que ese nivel de inversión no alcanza siquiera la mitad de esos países[10].
El reto del país no es sólo aumentar la cantidad de inversión pública en educación, también está el reto de aumentar la calidad de la inversión pública, que incluye el proceso de gestión y el sistema de gobernanza institucional para una inversión en proyectos más rentables desde la perspectiva económica-social[11].
[1] Incluye la educación superior.
[2] Ley 8954. Reforma del Artículo 78 de la Constitución Política para el Fortalecimiento del Derecho a la Educación.
[3] Desde el año 2010 en términos efectivos, los gastos en educación sólo han superado el 6% del PIB y sólo en el 2017 superó el 7%, cuando registró 7,1%. Esto según los datos del Banco Mundial sobre Gasto público en educación, total – Costa Rica. https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=CR
[4] OCDE (2017). Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación: la educación en Costa Rica. París: OECD Publishing, Página 5.
[5] MIDEPLAN (2018). Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Página 265.
[6] OCDE (2017). Educación en Costa Rica: Aspectos Destacados. Paris: OECD Publishing. Página 4.
[7] PEN (2021) Programa Estado de la Nación. Octavo Estado de la Educación 2021 / Programa Estado de la Nación. San José, C.R: CONARE.
[8] MIDEPLAN (2018). Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Página 265.
[9] MIDEPLAN (2018). Página 270.
[10] PEN (2021).
[11] MIDEPLAN (2022). Normas técnicas de inversión pública. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.